That is pretty heavy-handed, and not that bright. This government has a short and very selective memory. Companies like Petrobras, Total, BP, et al. were extremely wary of investing in Bolivia in the first place, due to instability and lack of judicial protection. That is why they and the previous government agreed on submitting to international mediation in case of disputes, to provide some sort of security.
These companies can certainly state a case that they entered into binding contracts with the constitutionally elected government of Bolivia at the time, that Bolivia's subsequent governments ratified these contracts by acting under contractual terms (price, etc.), and that relying on the documents singed and behavior the oil companies spent money in production facilities.
Under that view, it well within their rights to file for international arbitration. And Bolivia does have defenses and arguments, they could claim the contract terms are not binding on them, since the contracts themselves are unconstitutional, and hence are not subject to the jurisidiction of any international tribunal.
What Morales government is doing is nothing less than threatening retaliation against any company which acts under its rights. The consequences are huge, if they can not renegotiate within a set period of time, their holdings will be expropriated under the current law. All this attitude does, is prove critics right when they say that the current Bolivian government does not offer and does not intend to offer any security for investments.
BOLIVIA ADVIERTE QUE NO NEGOCIARÁ CON PETROLERAS QUE VAYAN A JUICIO
"Advierto a las empresas petroleras: no se puede seguir juicios de arbitraje a Bolivia y al mismo tiempo negociar nuevos contratos", aseguró el ministro boliviano de Hidrocarburos.
El Mostrador de Chile (www.elmostrador.cl)
El gobierno de Bolivia advirtió que no negociará nuevos contratos con las empresas petroleras que recurran a arbitrajes internacionales contra el decreto de nacionalización de los hidrocarburos firmado el pasado 1 de mayo.
"Advierto a las empresas petroleras: no se puede seguir juicios de arbitraje a Bolivia y al mismo tiempo negociar nuevos contratos. La empresa que va a un arbitraje, se va no más al arbitraje, pero no discute nuevos contratos", remarcó el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz Rada.
El secretario de Estado hizo esta advertencia ante el pleno de la Cámara de Diputados, donde ofreció un informe sobre los alcances de la medida dictada por el presidente Evo Morales.
"El primer requisito para quedarse en el país es reconocer la nacionalización", dijo Soliz entre los aplausos de los legisladores de una cámara donde el partido de Morales, el Movimiento Al Socialismo (MAS), es mayoría. No obstante, el ministro también sostuvo que estaba esperanzado en que las compañías no apelarán a tribunales internacionales porque aseguró que los contratos se están trabajando con "un gran blindaje jurídico".
Señaló además que las empresas petroleras se sentirán "obligadas e impelidas" a negociar nuevos contratos en 180 días, porque el decreto establece que si no acceden a ello deben abandonar el país.
"De manera que hemos pasado de la mera abstracción a una cosa muy concreta", apuntó Soliz Rada en alusión a la diferencia entre el decreto nacionalizador y la Ley de Hidrocarburos aprobada en mayo del 2005 que fijaba el mismo plazo, pero que fue incumplido por las firmas y por el anterior ejecutivo de La Paz. Con la nacionalización, el Estado boliviano también conminó a todas las empresas a entregar su producción a la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y tomó el control del 50 por ciento más uno de las acciones de cinco empresas, tres de ellas mixtas y dos privadas.
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